Julene Iturbe y Jaione Bengoa relataron los casos de sus padres a Ariel Dulitzky. Intxorta 1937 y otros grupos de memoria histórica se reunieron con la comisión de desaparecidos de la ONU
Familiares de mondragoneses desaparecidos y fusilados en 1936 se reunieron la pasada semana con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para dar testimonio de los 28 casos registrados en la localidad entre octubre y noviembre de aquel año.
El representante de la ONU Daniel Dulitzky escuchó durante dos horas los diversos relatos y testimonios ofrecidos por las 40 personas de grupos de memoria histórica que se reunieron con él el pasado viernes en el hotel Canciller Ayala de Vitoria. A la cita con este abogado argentino acudieron miembros de la asociación local Intxorta 1937 junto con representantes de otros grupos de Euskadi, Navarra, La Rioja y Soria.
La delegación arrasatearra estuvo compuesta por cinco personas: Julene Iturbe, Libe y Jaione Bengoa -hijas respectivamente de Isidoro Iturbe y Juan Bengoa, fusilados y desaparecidos- y Julia Monge y Juan Ramon Garai, de Intxorta 1937 Kultur Elkartea.
Garai presentó el testimonio general sobre los 28 civiles de Mondragón ‘desaparecidos’ durante el otoño de 1936. Julene Iturbe y Jaione Bengoa relataron la detención y fusilamiento de sus respectivos padres, así como su desconocimiento del lugar donde se hallan enterrados sus restos. Durante años creyeron que estaban en una fosa común junto al cementerio de Hernani, pero las investigaciones de Aranzadi lo desmintieron.
El representante de la ONU, según los asistentes a la reunión, «dejó claro que no quiere crear falsas expectativas». Ariel Dulitzky les explicó que la misión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones es «tratar los casos en los que se haya dado una privación de libertad por parte de un particular, o del Estado, seguido de la negativa a comunicar o investigar su paradero». En tanto y cuanto la familia no reciba una información clara de qué le paso y dónde está su familiar desaparecido, no archivarán el caso. Ese sería, según Garai, el caso de los 28 civiles arrasatearras.
El principal cometido de esta comisión consiste en exigir información a los Estados sobre los procedimientos que éstos están llevando a cabo para dilucidar las desapariciones. En ningún caso pueden juzgar ni aplicar medidas condenatorias.
Sin embargo, uno de los escollos con respecto a los desaparecidos arrasatearras radica en que el periodo de inicio de las investigaciones está fijado en el año 1945, y por tanto no abarcaría los hechos de 1936. Sin embargo, desde Intxorta 1937 señalaban que la opinión personal de Dulitzky es que estamos «ante un delito continuado, y que por lo tanto el periodo debería ser desde el comienzo de la guerra de 1936», pero que el «Estado Español no quiere que se vaya antes de 1945».
Los representantes de Intxorta 1937 Kultur Elkartea se mostraban esperanzados sobre el informe que la comisión elevará al Consejo de las Naciones Unidas. «Parece que en su contenido recogerá temas que nos van ayudar en nuestra larga batalla contra la impunidad de los crímenes del franquismo y sus herederos, desde 1936, hasta la actualidad» vaticinaban.
Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo
Enviados de la ONU piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados
El franquismo en el banquillo
El Congreso recibe la recomendación de la ONU de tipificar la desaparición forzosa
Natalia Junquera Madrid 30 SEP 2013 – 21:44 CET486
Los enviados a España del grupo contra la desaparición forzada de la ONU, Jasminka Dzumjur y Ariel Dulitzky, ayer en Madrid. / Samuel Sánchez
La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.
Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.
Juicios en España y colaboración con la juez argentina. La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.
Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.
La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.
Trato diferente según el partido que gobierne. Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.
Archivos que se abren si quiere el funcionario. El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.
Ley de memoria y Valle de los Caídos. Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.
41 fosas en espera
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo, celebra que «el principal organismo mundial de derechos humanos» reclame al Gobierno español «medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia». En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas «debido a la falta de recursos». Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.
Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Goienan Julen Iriondok idatzitako artikulua:
Oroimen historikoaren alde diharduten hainbat taldek Nazio Batuen Erakundearen Eragindako Desagerketen gaineko Lantaldearekin egindako bileran izan dira Intxorta 1937 kultur elkarteko kideak eta bi fusilaturen alabak. Lantaldeak Estatuari gertatutakoaren gaineko argibideak eman ditzala exijituko diolakoan baikor atera zen bailarako ordezkaritza Gasteizen egindako bileratik.
Madrildik eta Bartzelonatik pasa ostean –Sevillan ere egon dira–, Gasteizen izan ziren egubakoitzean Nazio Batuen Erakundeko Eragindako Desagerketen gaineko Lantaldeko kideak. Oroimen historikoaren alde lanean diharduten hainbat taldetako –Goldatu, Lau Haizetara Gogoan, Euskal Memoria, Egiari Zor…– ordezkaritzekin egin zuten bilera. Eta NBEren lantaldearekin bilera egin zuten 40 lagunen artean ziren Intxorta 1937 kultur elkarteko kideak eta altxamendu faxistaren ondorioz fusilatutako Isidoro Iturbe eta Juan Bengoa arrasatearren alabak.
Bileran, 1936ko urria eta azaroa artean indarrez desagerrarazi zituzten Arrasateko 28 herritar zibilei gertatutakoaren gaineko azalpena egin zuen Intxorta 1937 kultur elkarteko Juan Ramon Garaik; ondoren, Julene Iturbek eta Jaione Bengoak euren aiten atxiloketen eta fusilamenduaren gainekoak kontatu zituzten, eta adierazi zuten oraindik gaur ez dutela haien gorpuzkinen berririk.
Ordezkaritza debagoiendarrak jakitera eman duenez, Ariel Dulitzky legelari argentinarra buru zuen NBEko taldeak adi entzun zituen bi orduz esandako guztiak. Dulitzkyk, bere aldetik, azaldu zuen bere taldearen egitekoa dela partikularrek edo Estatuak eragindako askatasun-gabetzeak aztertzea, horien arduradunek gertatutakoa ikertu edo horren berri ematen ez duten kasuetan. Batzordearen jarduteko era da estatuei exigitzea desagerpenok argitzeko egiten ari diren lanaren gaineko informazioa – ezin dute gertatutakorik epaitu, ez zigorrik ezarri–. Gertatu zenaren berri zehaztasunez eta gorpuzkinen kokalekua familiei jakinarazi arte kasuok ez dituztela artxibatuko adierazi zuen Dulitzkyk.
Hala ere, bileran ezagutzera eman zenez, badira irizpide desbederdinak lantaldeak aztertu beharreko garaiaren gainean. Berez, 1945etik aurrerako kasuekin egiten dute lan, urte horretan sortu zelako NBE eta, diotenez, ez dagokielako erakundearen sorreraren aurreko gertaerekin jardutea. Baina Dulitzkyk zioen bere eta lantaldeko beste kide batzuen iritzia dela «delitu jarraitu» baten aurrean gaudela eta, ondorioz, gerra hasieratik aurrerako garaia hartu beharko litzatekeela aintzat. Aitzitik, Estatuak ez du nahi, Dulitzkyren arabera, 1945etik atzera egitea.
NBEko lantaldea gaur –astelehena– da plazaratzekoa egindako bileretatik ateratako ondorioak, baina Debagoieneko ordezkaritza baikor da, Dulitzkyren hitzak entzunda: «Ez da iraganeko kontua, orainaldikoa baizik; delitua hor dago gertatutakoa argitzen ez den bitartean». Hala esan omen zien desagerketen lantaldeko kideak.